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Biocombustibles: la Ley Dreyfus se frena en Diputados

Biocombustibles: la Ley Dreyfus se frena en Diputados y el oficialismo posterga el dictamen
La reforma impulsada por Dreyfus y las cerealeras multinacionales no se firmará este miércoles. Los bloques del PRO, del peronismo y de la UCR piden mayor protección para las pymes, y el freno arrastró también al dictamen del Presupuesto. La renuncia de Daniel González, autor del proyecto, le quitó al Gobierno a su principal operador. La Libertad Avanza postergó la firma del dictamen de la Ley de Biocombustibles. La decisión se tomó este martes en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante los pedidos de modificaciones de sus propios aliados, y arrastró también al Presupuesto 2027. El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Presupuesto sigue convocado para el miércoles a las 12, pero sin firma a la vista. Con eso se cae el plan de llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre en el mismo paquete que el Presupuesto. En el oficialismo especulan ahora con dictaminar dentro de un par de semanas, votar a fin de mes y remitirlo al Senado en diciembre, pero es una expectativa y no un cronograma cerrado.

El PRO puso una cifra
El freno lo puso el PRO. A través de Cristian Ritondo, el bloque dejó de pedir cambios genéricos y puso un número sobre la mesa: corte obligatorio de biodiésel del 11%, con un 6% reservado a las empresas no integradas. Fernando De Andreis es la otra figura del bloque que empuja el reclamo.
La distancia con el texto que llegó del Senado es enorme. La media sanción del 17 de septiembre, aprobada por 41 votos contra 25, sube el corte del 7,5% al 10% pero recorta la porción de las pymes en escalones: 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% desde 2031, hasta extinguirla en 2036.
La aritmética interna del bloque explica la firmeza. De los doce diputados del PRO, cinco son bonaerenses, uno pampeano y uno entrerriano: siete de doce representan distritos donde están las plantas que cerrarían. El argumento que esgrimen no es técnico sino territorial. La provincia de Buenos Aires viene atravesando una seguidilla de cierres de pymes y un cuadro económico castigado, y no está en condiciones de que el Congreso le agregue otra tanda de persianas bajas. El pampeano Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura, traslada el mismo razonamiento a General Pico y Catriló.
No están solos. La mayoría del bloque de Unión por la Patria reclama cambios al capítulo del biodiésel, en continuidad con el proyecto alternativo que el peronismo había presentado en el Senado, con el corte al 15% y segmentos diferenciados para las pymes regionales. En la Unión Cívica Radical, la diputada Karina Banfi, junto a otros legisladores del bloque, fijó posición en el mismo sentido.
Enfrente quedaron el cordobés Carlos Gutiérrez y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, con Santa Fe y las provincias azucareras detrás. Desde el cordobesismo salieron a criticar a Ritondo y al PRO bonaerense por demorar una ley que a sus distritos les conviene.
Qué se discute en realidad
El apodo que circula en el Congreso tiene una dirección postal. El reclamo por la nueva ley se lanzó en la planta que Louis Dreyfus Company tiene en General Lagos, sobre el Paraná santafesino, una de las mayores instalaciones de biodiésel del mundo. Allí se reunieron legisladores nacionales y provinciales con directivos aceiteros para exigir la derogación del régimen vigente, al que calificaron de "soviético", con el argumento de que la Argentina importa gasoil mientras esa capacidad instalada permanece ociosa.
Esas plantas gigantes se construyeron junto a los complejos de molienda para exportar y se quedaron sin mercado externo cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Perú levantaron barreras antidumping contra el biodiésel argentino. El único mercado que puede encenderlas es el interno, y el mercado interno hoy pertenece por ley a las empresas no integradas, las pymes que no tienen fábrica de aceite propia y que deben comprarle el insumo â??cerca del 80% de su costoâ?? a sus futuras competidoras.
Las cuentas de esa transferencia las hizo CEPREB: cierran 14 de las 25 plantas del país, las más alejadas del puerto de Rosario, y se pierden unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Es el mismo grupo de empresas que en 2022 obligó a Sergio Massa a inventar el dólar soja para que liquidaran, y que en septiembre de 2025 agotó en tres días el cupo de 7.000 millones de dólares de retenciones cero, forzando al Gobierno a dar marcha atrás en medio de denuncias por información privilegiada.
Dos cámaras enfrentadas
En la reunión informativa de la semana pasada, que duró casi tres horas con más de diez expositores, las posiciones quedaron planteadas con claridad.
Gustavo Idígoras, presidente de CIARA â??la cámara que nuclea a las grandes aceiteras exportadoras, Louis Dreyfus entre ellasâ?? y el mismo dirigente que encabezó la jornada de General Lagos, pidió que Diputados no modificara nada: sostuvo que la media sanción es el resultado de una negociación federal entre empresas, provincias y legisladores.
Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, que representa a las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, respondió que CIARA se está quedando con el mercado interno a costa de asfixiar a los productores chicos y describió lo que viene como los "juegos del hambre". Y aportó el dato que desarma el argumento del consenso federal: esas cuatro provincias aportan el 60% del biodiésel que hoy cubre el corte obligatorio, y ninguna estuvo en la mesa donde se cerró el acuerdo.
La renuncia que cambió el tablero
Al proyecto le falta además una pieza que hasta hace cinco días tenía garantizada. El jueves 22 de octubre renunció Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, el funcionario que Luis Caputo había traído desde la conducción de YPF en agosto de 2024 y que fue el verdadero arquitecto del texto. Lo anunció él mismo en un programa de streaming y Caputo lo despidió con elogios públicos.
El dato institucional pesa tanto como la salida: no habrá reemplazo. La Secretaría de Coordinación queda desactivada y las áreas pasan a sus titulares específicos, María Tettamanti en Energía y Luis Lucero en Minería.
González fue quien explicó ante las comisiones del Senado que el proyecto interpretaba la voluntad del Poder Ejecutivo y quien admitió, sin rodeos, que el esquema tendría ganadores, perdedores y afectados. También fue quien frenó las concesiones a las pymes cada vez que la negociación parlamentaria amenazó con incorporarlas. Sin él, la ley llega a su tramo decisivo sin nadie con su peso específico para sostenerla.
Qué pasa ahora
La mecánica parlamentaria termina de complicar el panorama del oficialismo. Si Diputados aprueba el texto sin tocarlo, queda convertido en ley. Si introduce modificaciones, vuelve al Senado, donde el Gobierno podría insistir con la versión original por mayoría simple â??la misma con la que la aprobó en septiembreâ?? pero necesitaría otra sesión, otro acuerdo y semanas que no tiene.
A eso se suma que el oficialismo necesita al PRO para el Presupuesto 2027, el mismo bloque que esta semana le frenó las dos cosas a la vez. Una ley que llegó al Congreso con la fuerza de un acuerdo cerrado en una planta sobre el Paraná quedó, por ahora, a merced de siete diputados que representan a los pueblos donde están las plantas que cerrarían